BOSTON — El plan del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas que radican en Estados Unidos sin autorización legal permanecerá bloqueado, al tiempo que una orden de un juez entró en vigor el viernes y otro parece inclinado a seguir el mismo camino.
El juez federal de distrito Joseph LaPlante, en Nueva Hampshire, había pausado su propia decisión para permitir que el gobierno de Trump apelara, pero al no haberse presentado ninguna apelación en la última semana, su orden entró en vigor.
“La orden del juez protege a todo niño cuya ciudadanía fue puesta en duda por esta orden ejecutiva ilegal”, indicó Cody Wofsy, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que representa a los niños que se verán afectados por las restricciones de Trump. “El gobierno no ha apelado ni ha buscado un recurso de emergencia, por lo que esta orden judicial ahora entra en vigor en todo el país”.
El gobierno de Trump aún podría apelar o incluso pedir que se limite la orden de LaPlante, pero el esfuerzo por terminar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que se encuentran en Estados Unidos con estatus migratorio irregular o de manera temporal no puede entrar en vigor por ahora.
El Departamento de Justicia no ha respondido de momento a un mensaje en busca de comentarios.
Por su parte, un juez en Boston escuchó argumentos de más de una docena de gobiernos estatales que argumentan que la orden de Trump en contra de la ciudadanía por nacimiento es flagrantemente inconstitucional y amenaza millones de dólares para servicios esenciales. Se espera que el tema avance rápidamente de nuevo hacia el tribunal más alto del país.
Pidieron al juez federal de distrito Leo Sorokin que considere mantener la orden judicial nacional que otorgó anteriormente o que considere una solicitud del gobierno para limitar el alcance de esa orden o suspenderla por completo. Sorokin, que se encuentra en Boston, no dictaminó de inmediato, pero parecía inclinado a apoyar a los estados.
Los abogados del gobierno habían argumentado que Sorokin debe limitar el alcance de su fallo anterior que otorgaba una orden judicial preliminar, argumentando que debería estar “adaptada a las supuestas afectaciones financieras de los estados”.
Gran parte de la audiencia se centró en cómo será un fallo más limitado. Los demandantes expresaron su preocupación de que algunas alternativas propuestas por el gobierno de Trump, como otorgar números de seguro social a los niños en los estados afectados por la orden de ciudadanía por nacimiento, pero no la ciudadanía, sean costosas e inviables.
Dijeron que tal sistema impondrá a estos estados la carga de tener que establecer nuevos sistemas administrativos, creará confusión entre los padres cuyos hijos se ven afectados y posiblemente convertirá a estos estados en imanes para familias provenientes de otros estados que buscan acceder a los beneficios.
Los abogados del gobierno no parecían estar atados a ninguna alternativa en particular, pero dijeron a Sorokin que el alcance de su orden judicial deberá ser limitado. Cuando se les presionó sobre cómo lo harán, un abogado del gobierno, Eric Hamilton, sólo se comprometió a cumplir con cualquier orden que se emitiera.
“Si el tribunal modifica la orden judicial preliminar o la suspende, debería estar, como máximo, adaptada a las afectaciones que los demandantes están alegando, que son principalmente financieras”, destacó Hamilton.
Sorokin respondió, incluso usando una analogía de alguien que demanda a un vecino por escuchar música a un volumen muy alto. El demandado ofrece construir un muro para limitar el ruido, pero Sorokin se preguntó cómo podrían asegurarse de que cumpliera con el código de zonificación y fuera algo que el demandado pudiera costear.
“Lo que me están diciendo es que lo haremos, pero, en respuesta a mi pregunta, no tienen respuesta sobre cómo lo harán”, aseveró Sorokin.
LaPlante emitió el fallo la semana pasada prohibiendo que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor a nivel nacional en una nueva demanda colectiva, y una jueza con sede en Maryland dijo esta semana que hará lo mismo si una corte de apelaciones lo aprueba.
Los jueces dictaminaron el mes pasado que los tribunales inferiores generalmente no pueden emitir órdenes judiciales a nivel nacional, pero no descartaron otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, incluidas las demandas colectivas y aquellas presentadas por los estados. La Corte Suprema no decidió si la orden de ciudadanía subyacente es constitucional.
En el centro de las demandas está la 14ta Enmienda de la Constitución, que fue ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott. Esa decisión determinó que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.
El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía estadounidense.