DENVER — La abogada de una conocida activista de inmigración que fue arrestada hace unas semanas comentó a una jueza federal de Estados Unidos el viernes que las autoridades parecen estar tomando medidas de represalia contra Jeanette Vizguerra años después de que se refugió en iglesias de Denver para evitar ser deportada durante el primer mandato del presidente Donald Trump.
Vizguerra fue arrestada el 17 de marzo en el estacionamiento de una tienda Target del área metropolitana de Denver donde trabajaba.
“Finalmente te tenemos”, le dijeron los agentes a Vizguerra, de acuerdo con su abogada, Laura Lichter.
Lichter dijo a la jueza federal de distrito Nina Wang que sospecha que Vizguerra era un blanco porque estaba ejerciendo su derecho de expresión amparado por la Primera Enmienda. Lichter mencionó informes no especificados de medios de comunicación y redes sociales como prueba de represalias.
La abogada no quiso dar más detalles sobre el discurso por el que creía que Vizguerra era un objetivo de las autoridades, pero estableció una conexión entre su detención y la de otras personas, incluidos manifestantes en campus universitarios, que han sido detenidos recientemente por las autoridades de inmigración.
“Creo que la persecución de Jeanette está en consonancia con lo que estamos viendo en otros tipos de casos en los que se persigue a personas por asistir a protestas, por publicar determinados mensajes en las redes sociales, por tener una opinión particular”, dijo Lichter.
Los abogados tenían previsto debatir si el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podía seguir reteniendo a Vizguerra en los suburbios de Denver. Los abogados dicen que está detenida por una orden de deportación inválida de 2013.
Pero Wang postergó esos argumentos luego de que los abogados de Vizguerra dijeron que modificarán su impugnación para alegar también que se estaban violando sus derechos de la Primera Enmienda.
El fiscal federal adjunto, Timothy Jafek, dijo que el gobierno no objeta el cambio, pero no respondió a la acusación de represalias en la corte.
El ICE dice que Vizguerra ingresó ilegalmente a Estados Unidos desde México en 1997 y está detenida a la espera de su deportación. En un comunicado emitido poco después de su arresto, el ICE indicó que la madre de cuatro hijos tiene una orden final de deportación y “ha recibido el debido proceso legal en un tribunal de inmigración de Estados Unidos”.
Al igual que lo han hecho recientemente con otras detenciones, los funcionarios de la agencia publicaron una fotografía en las redes sociales donde aparece Vizguerra siendo detenida con las manos a la espalda y una cadena alrededor de la cintura.
Wang emitió una orden en la que suspendió la deportación de Vizguerra mientras se desenvuelve la impugnación jurídica. Señaló que el caso plantea “cuestiones complejas” sobre la ley de inmigración y que no ha podido encontrar un caso similar.
El ICE empezó a intentar deportar a Vizguerra en 2009 durante el gobierno del expresidente Barack Obama, luego de que se le pidió detener su vehículo en los suburbios de Denver y se descubrió que tenía una tarjeta de Seguro Social fraudulenta con su propio nombre y fecha de nacimiento, pero con el número de otra persona, según una demanda de 2019 que ella interpuso contra el ICE. Vizguerra no sabía que el número pertenecía a otra persona en ese momento, decía la demanda.
Aunque un juez emitió una orden de expulsión en su contra, también se le dio la opción de salir del país voluntariamente, lo cual finalmente hizo para intentar ver a su madre antes de que muriera en 2012, dijeron sus abogados en la petición actual ante Wang.
El ICE volvió a emitir erróneamente una orden de deportación contra ella en 2013 y no notificó debidamente a Vizguerra, según la petición.
Aunque Vizguerra ha recibido múltiples aplazamientos de deportación en el pasado, su último aplazamiento expiró hace más de un año, en febrero de 2024, dijeron los abogados del gobierno en una respuesta a su petición. Hasta ahora, señalaron que Vizguerra nunca ha impugnado la orden de deportación ante el tribunal federal de apelaciones, que dicen que es el tribunal que debe decidir si es válida.